Repensando la lucha contra la pobreza
Cuando se instauró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (París, 17 de octubre de 1987) se reafirmó la constatación de que la pobreza supone una violación de los Derechos Humanos. Anualmente en esta fecha, se revindica la necesidad de aunar esfuerzos para lograr su erradicación y para garantizar el respeto a los Derechos Humanos. La pobreza sigue siendo una de las principales cuestiones sociales en nuestra sociedades avanzadas y desarrolladas económicamente. Una realidad que se asienta principalmente en dos elementos: el avance de la desigualdad de ingresos y el debilitamiento del modelo centrado en el empleo-productividad – consumo como modelo de desarrollo y de inclusión social universal.
La referencia a los Derechos Humanos nos remite, entre otras cosas, a la dimensión universal de éstos. Y es precisamente esta cuestión de Universalidad la que entre en juego en la erradicación de la pobreza. En definitiva, buscamos mecanismos sociales que hagan posible esta universalidad del derecho a disponer de unos ingresos que posibiliten las condiciones materiales de una vida digna.
Tal y como se recoge en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (París, 10 de diciembre de 1948):
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
En la redacción de este derecho subyace la idea de subsidiariedad del derecho a las prestaciones económicas (seguros de medios de subsistencia); una subsidiariedad supeditada a la capacidad “propia” de las personas de dotarse de los medios para su subsistencia.
Tras esta idea se asienta nuestro paradigma de Estado de Bienestar Social, modelo social erigido básicamente en la centralidad del mercado de trabajo como elemento de participación en la construcción de lo común, como sistema de acceso a “medios propios” de subsistencia, como mecanismo de distribución de la riqueza y de generación de los derechos de protección social. Es decir, de una ciudadanía construida principalmente desde el estatus de “trabajador-trabajadora”.
Sin embargo, en la nueva era posmoderna, esta “norma social del empleo” entendida como “tener un contrato a jornada completa y por tiempo indefinido que permite vivir dignamente y genera derechos sociales a lo largo de la vida” ha perdido gran parte de su fuerza. Como muestran reiteradamente los datos de la encuesta de población activa, del indicador AROPE, de los informes sobre inclusión y desigualdades sociales de la fundación FOESSA, etc, la “norma social del empleo” tampoco se cumple para gran parte de la población vasca empleable. A esto cabe añadir que el acceso al empleo no es una opción para una parte de la población, y por lo tanto, éste no puede ser la única vía de inclusión social y económica.
La persistencia de la pobreza, el aumento de la desigualdad de ingresos, unida a la debilidad de un modelo de desarrollo economicista y centrado en el empleo, nos lleva a replantearnos los elementos de lucha contra la pobreza. Cáritas apuesta por la necesidad de avanzar en políticas de rentas mínimas de carácter universal y desvinculados a la participación en el mercado de trabajo (tanto en la producción de la protección como en cuanto a objetivo central de la inclusión social). Esta desvinculación entre los ingresos y el empleo nos abre el reto de generar nuevos paradigmas y espacios de inclusión. La reflexión sobre el avance de las rentas universales incondicionales va de la mano de la reflexión de nuevas formas de vinculación social, aportación a lo común, desarrollo personal y social, que trasciendan el modelo centrado exclusivamente en el empleo y el consumo como motor de crecimiento social.
Ana Sofi Telletxea
Responsable del Observatorio de la Realidad Social de Caritas Bizkaia